SOS Can Vairet

El voto colombiano es vital para la conservación de los cetáceos

Ballenas encalladas

Según ONG internacionales, el trámite para que Colombia participe en la reunión de la Comisión Ballenera Internacional se encuentra estancado porque en la Cancillería no han traducido un documento de ocho páginas del inglés al español.

Hace siete meses, el ministro de Ambiente, Juan Lozano, y el canciller, Fernando Araújo, anunciaron que Colombia firmaría el “Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena” con el propósito de hacer un bloque con otros países que se oponen a la caza de las ballenas. El anuncio tardío no permitió que el país participara en la convención de Alaska de este año, pero abrió la puerta para ocupar un lugar en la reunión de junio de 2008 en Santiago de Chile donde se discutirán asuntos vitales para la sobrevivencia de estos monumentales cetáceos.

Organizaciones civiles y no gubernamentales de todo el continente aplaudieron la decisión. El gobierno colombiano dejaba de ser un simple espectador para convertirse en un actor importante en la defensa de estos mamíferos, que año tras año arriban a las costas colombianas en busca de un refugio seguro para parir sus crías. Una visita esperada por más de 10.000 turistas cada año y aprovechada por una creciente industria ecoturística que en el mundo mueve más de 1.000 millones de dólares.

Sin embargo, a la euforia pronto le siguió el escepticismo. Semana tras semana, el proceso legal que debía seguir la firma del convenio comenzó a dilatarse. Representantes de organizaciones ambientalistas temían lo peor: presiones políticas y la intromisión de los países procaza de ballenas. El gobierno de Surinam, por ejemplo, acepta votar a favor de la legislación procaza a cambio de beneficios económicos.

Por una traducción

Ante ese panorama, Milko Schvarzman, de la organización ambiental Greenpeace International, y Aimee Leslie, del Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat, tomaron la decisión de viajar a Colombia en busca de una respuesta.

Esta semana llegaron al país y, para su sorpresa, no eran presiones políticas las que impedían el paso del documento de la Cancillería al Congreso de la República. Durante siete meses el trámite se empantanó en la Cancillería por una razón sencilla y ridícula: la traducción del inglés al español de las ocho páginas que conforman la Convención Ballenera.

Según una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores al representante a la Cámara David Luna, “el tratado no ha podido ser radicado en el Congreso debido a que el instrumento fue adoptado únicamente en inglés y se requiere una traducción oficial del texto al español”.

“Pasaron seis meses sin que se avanzara nada y ahora sólo quedan seis para que el documento sea ratificado en el Congreso”, comentó Milko Schvarzman de Greenpeace International, para quien Colombia juega un rol importante en las negociaciones de junio de 2008.

“Algunas resoluciones que se discutirán en la reunión de la Comisión Ballenera Internacional exigen más del 75% de los votos. Y en ese contexto, el voto de Colombia a favor de la conservación de las ballenas sería definitivo”, dijo Schvarzman.

El representante David Luna ha dicho que si la Cancillería entrega pronto el documento, el trámite en el Congreso podría tomar dos meses. Faltaría la revisión por la Corte Constitucional para que finalmente Colombia cumpla con su propósito de participar en la reunión de la Comisión Ballenera Internacional en junio de 2008.

Contra-reloj

“En la Cancillería han prometido entregar esta semana el documento traducido al Congreso”, dice Aimee Leslie del Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat.

Pero las preocupaciones no terminan ahí. Durante el II Encuentro Latinoamericano de Conservación de Cetáceos, que se llevó a cabo en Buenos Aires los pasados 4 y 5 de diciembre, funcionarios de la Cancillería de Colombia manifestaron que la participación del país en la Comisión Ballenera era un proceso que demandaría entre dos y tres años. Una declaración que sorprendió a las organizaciones que siguen de cerca el trámite.

Demasiado tiempo si se piensa que cada año los barcos pesqueros japones sumergen sus arpones en las aguas de la Antártida y cazan más de 1.500 ballenas de cinco especies diferentes. Un número al que se debe sumar la cuota de pesca de Noruega e Islandia.