Madrid (LB).- Greenpeace ha identificado siete puntos negros en Baleares que suponen una amenaza para la costa por el desarrollo urbanístico que ha ido parejo al litoral y que degradan el entorno medioambiental de la zona en zonas como Son Bosc, Bahía de Palma o la zona de Ses Salines entre otros.
Además, la organización ecologista señala el desarrollo del Plan Territorial de Mallorca -que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción ante indicios de delitos de cohecho entre 2003 y 2004-, el proyecto de construcción de un campo de Golf de Son Bosc o la ampliación de Port Adriano en Calviá, entre otros.
También incide sobre la situación de los vertidos de las plantas depuradoras y los vertidos de aguas no depuradas en la Bahía de Palma, el impacto del gasoducto de Baleares en Sa Pobla.
Así se contempla en el documento 'Destrucción a toda costa' que se presentó hoy en Madrid y en el que se afirma que el actual Govern balear tiene el "reto" de frenar la dinámica de los proyectos urbanísticos y de infraestructuras desarrollados por el Ejecutivo de Jaume Matas, y que en opinión del colectivo fueron "muy agresivos" con el territorio insular.
No obstante, Greenpeace asevera que la Ley de Medidas Urgentes para el territorio puede llegar a ser "muy positiva" si "no se rebaja la filosofía con la que inicialmente fue planteada". Sin embargo, señala que el Decreto de Medidas urgentes para paralizar desarrollos urbanísticos cercanos a zonas de alto valor ecológico, como es el caso de los humedales de Ses Feixes (Ibiza) y Ses Fontanelles (Mallorca) son medidas "esperanzadoras y deben continuar".
En términos generales, la organización ecologista alerta también sobre el hecho de que Baleares sólo el 1% de la energía producida sea renovable o el incremento del 41% de superficies artificiales a costa de las zonas boscosas o naturales desde el año 2000.
PTM bajo sospecha
Referente al PTM, Greenpeace denuncia la presunta "recalificación a la carta" que en la que se ha incurrido en las islas con investigaciones a miembros de UM y PP, y que afectan de forma significativas a las Áreas de Reconversión Territorial en Pollença, Campos, Marratxí o Llucmajor en las que se planearon construcción de viviendas, infraestructuras hoteleras o urbanizaciones ocupando más de un centenar de hectáreas.
También critica la construcción del campo de golf en Son Bosc aprobado por el Ayuntamiento de Muro a pesar de los informes desfavorables del Departamento de Territorio del Consell de Mallorca y la Conselleria de Presidencia del Govern.
Además, Greenpeace sostiene que más del 90% de la superficie del campo afecta a un Área de Protección Territorial (APT) y atenta contra la población de la 'orchis robusta', una especie singular de orquídea, por lo que alabó las medidas solicitadas por ICV para conocer si la construcción del campo es compatible con las políticas comunitarias.
En el apartado de infraestructuras, Greenpeace subraya la existencia de 19.000 puntos de amarre para embarcaciones deportivas -el 12% del total nacional y que reporta cuatro millones de euros a la Autoridad Portuaria de Baleares en concepto de impuestos de embarcaciones de recreo- pero alerta de lo inadecuado de aumentar esta cifra en 5.000 puntos más, por lo que consideró como alternativa la reordenación de los existentes y la creación de marismas en seco.
También alerta sobre la ampliación de Port Adriano en Calvià por su impacto en las reservas marinas de El Toro e Islas Malgrats ya que las obras de ampliación para la construcción de 82 nuevos amarres y la creación de una zona de aparcamiento así como una superficie comercial aumentará en un 125% la superficie del agua actual del puerto y afectará a gran parte del hábitat de 'poseidonia oceánica' que cuenta con la protección de la UE.
En este sentido subraya que el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) que el 30% de la superficie del puerto se realizará directamente sobre la pradera de poseidonia, que Greenpeace traduce en 25.000 metros cuadrados de poseidonia destruida.
Aumentar renovables
También destaca la ausencias de alternativas para la entrada del cable del gasoducto procedente de Dénia y la construcción de una subestación en la localidad de Santa Ponça por su elevado impacto ambiental en las praderas de poseidonia, que según Greenpeace se recoge en el Estudio de Impacto Ambiental.
Además y a tenor del consumo energético de las islas, Greenpeace ha demandado al Govern un análisis exhaustivo del potencial de las energías renovables en las islas para determinar la viabilidad técnica y económica del suministro energético 100% renovable, que tras su conclusión debería establecer la fijación por parte del Ejecutivo de una serie de objetivos a cumplir a largo plazo.
Cuidado de las aguas
La organización ecologista también alerta sobre la incidencias de vertidos de aguas residuales y la incidencia del tráfico marítimo en la Bahía de Palma, un análisis compartido por la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Greenpeace en base a los datos de la Dirección de Recursos Hídricos del Govern estima que las principales fuentes de contaminación son los puertos de Palma y una serie de numerosos clubes marítimos, junto con las emisiones residuales de Palma y el Arenal junto a la desaladora de Palma o los vertidos de las numerosas urbanizaciones colindantes en la Bahía.
Las dos estaciones de Depuración de Aguas Residuales de Palma de Mallorca y el alcantarillado de la zona están para el grupo ecologista "subdimensionados" lo que produce vertidos constantes de aguas sin depurar.
Finalmente, también se menciona como un punto negro el vertido del 'Don Pedro' que sigue hundido en las cercanías del parque natural de Ses Salines. En este sentido, precisa que aunque las asociaciones ecologistas son partidarias del reflotamiento, la alternativa de mantenerlo hundido tras realizar labores de descontaminación es una propuesta que está "abalada por el Ministerio".
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